Es la población de 65 años o más de edad, que de acuerdo a la Constitución del Ecuador. Determinar el número de integrantes de esta población sirve al estado para implemetar políticas, planes y programas encaminados a garantizar el derecho constitucional de recibir atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado particularmente en inlcusión social, inclusión económica y protección contra la violencia.